Panamá sancionó la Ley 564 el 9 de noviembre de 2026, que restringe los ácidos grasos trans de producción industrial en alimentos procesados y alinea al país con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud. La norma, sin embargo, concede a la industria un plazo de 36 meses para su implementación plena, lo que extiende la transición hasta casi el año 2030, según el análisis de Pedro Acosta, presidente de UNCUREPA, difundido por Panamá América.
Con esta medida, el país se suma a Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos en la restricción de estas sustancias, un avance en seguridad alimentaria que llega con retraso. Originalmente se esperaba que la regulación estuviera vigente en 2025.
Qué son las grasas trans y por qué la industria las usa
Acosta aclaró que las grasas trans reguladas por la Ley 564 no son las grasas saturadas naturales, sino el resultado de un proceso industrial llamado hidrogenación. Consiste en agregar hidrógeno a aceites líquidos vegetales, como el de soya, para solidificarlos.
La industria alimentaria recurre a los aceites parcialmente hidrogenados por razones comerciales puras: dan textura crujiente, mejoran el aspecto visual y, junto con la sal, potencian el sabor. También alargan de forma considerable la vida útil de los productos en los estantes.
El costo de esa conveniencia lo paga la salud pública. Acosta fue enfático: estas grasas carecen de valor nutricional y son las causantes de la mayoría de los problemas cardiovasculares.
Afectan el colesterol, dañan el corazón y causan inflamación, advirtió el dirigente en declaraciones recogidas por Panamá América. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y la FAO han fijado límites estrictos: no exceder los 2 o 2.5 gramos por cada 100 gramos de producto.
El precedente del bromato de potasio
Acosta recordó una analogía local que ilustra el camino recorrido. Durante años, el bromato de potasio se usó en la fabricación de harina y pan en Panamá hasta que se comprobó que era altamente cancerígeno. Fue sustituido finalmente por vitamina C.
El caso demuestra que la eliminación de ingredientes nocivos es viable cuando existe voluntad regulatoria y presión ciudadana, aunque el funcionamiento actual de los mecanismos de denuncia deja mucho que desear. Acosta lamentó que pocos panameños interpongan demandas pese a existir la acción popular, debido a la burocracia administrativa.
36 meses de plazo: ¿ventaja o concesión a la industria?
Aunque celebra la creación de la ley, Acosta señaló una preocupación directa sobre los tiempos. Nos estamos dando 36 meses más de plazo, indicó.
Ese período de transición es un respiro para los importadores y fabricantes, pero tres años más de exposición a un ingrediente que la comunidad científica ya considera dañino. La pregunta incómoda es por qué un país que importa la mayoría de su alimentos procesados necesita tanto tiempo cuando sus proveedores ya cumplen normas más estrictas.
De hecho, la dependencia importadora juega aquí a favor. Según Acosta, más del 80% de los productos procesados que se consumen en Panamá son importados, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos regulan fuertemente las grasas trans desde 2021. Buena parte de lo que ya está en las góndolas panameñas cumple con normativas rigurosas.
El consumidor en la primera línea: leer etiquetas
Mientras la ley entra en vigencia, la responsabilidad inmediata recae en el consumidor. La recomendación es revisar el etiquetado en busca de la indicación de grasas trans o de ingredientes como aceites parcialmente hidrogenados.
Guías recientes coinciden en que la etiqueta nutricional es la principal herramienta de decisión frente al ultraprocesado. La Verdad Noticias explica que los sellos permiten identificar excesos de manera rápida y comparar productos antes de comprar, mientras un análisis de la Universidad de Alicante insiste en que el consumidor no debe limitarse a mirar la etiqueta, sino leerla críticamente.
El propio sistema de etiquetado tiene grietas. Una investigación difundida por ECOticias advierte que miles de ultraprocesados con alta carga de sal, azúcar y grasas saturadas logran colarse como alimentos saludables bajo el sistema Nutri-Score, mientras otros productos sanos reciben malas puntuaciones.
Acosta señaló además un déficit de orientación al consumidor, tarea que corresponde al Ministerio de Salud (MINSA), a ACODECO y a las organizaciones civiles. UNCUREPA trabaja activamente en el Comité Nacional de Codex Alimentarius, y el dirigente destacó a las asociaciones de nutricionistas y a las escuelas de alimentos de las universidades como aliados clave en ese esfuerzo educativo.
La trampa de las góndolas
Hay una dimensión económica que el consumidor rara vez percibe. Los supermercados cobran más por la exposición a nivel de la vista, donde se colocan los productos que más interesan vender. Las opciones más saludables suelen quedar en los estantes inferiores, fuera del recorrido natural de la mano.
Saber dónde buscar es, en la práctica, una forma de presión de mercado. Si el consumidor castiga con su compra los productos con grasas trans, la industria tiene un incentivo inmediato para adelantarse al plazo legal.
Preguntas frecuentes
¿Qué prohibe exactamente la Ley 564 de Panamá?
Restringe los ácidos grasos trans de producción industrial, es decir, los aceites parcialmente hidrogenados que se forman agregando hidrógeno a aceites vegetales líquidos. No regula las grasas saturadas naturales.
¿Cuándo entrará en vigencia plena la norma?
La ley otorga un plazo de 36 meses para su implementación desde su sanción del 9 de noviembre de 2026, lo que extiende la transición hasta cerca de 2030. El plazo original previsto era 2025.
¿Cómo identificar productos con grasas trans?
Hay que leer la etiqueta y buscar la mención de grasas trans o de aceites parcialmente hidrogenados entre los ingredientes, según la recomendación de UNCUREPA.