18 sentencias penales: el candidato más cuestionado a gobernador de Ucayali
Guillermo Cornelio Chino Mori, candidato al Gobierno Regional de Ucayali por Alianza para el Progreso (APP), encabeza la lista de postulantes con antecedentes penales en las próximas elecciones regionales. Con 18 sentencias en su historial, el exalcalde del distrito de Manantay busca regresar a la política tras haber cumplido prisión efectiva por el delito de negociación incompatible.
Según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 329 candidatos a gobernadores regionales, 49 registran al menos una sentencia penal. En conjunto, estos postulantes acumulan 98 sentencias, una cifra que enciende las alarmas sobre los filtros de los partidos políticos en plena contienda electoral.
¿Quién es Guillermo Chino Mori y por qué tiene 18 sentencias?
La primera sentencia de Chino Mori data de 1998, por los delitos de concusión y peculado, aunque el caso fue archivado. Entre 2004 y 2013, enfrentó procesos por concusión, peculado, abuso de autoridad y colusión, todos también archivados.
El punto de quiebre llegó en 2015, cuando fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y dos años de inhabilitación para ejercer la función pública por negociación incompatible. Tras apelaciones y revisiones, la Corte Suprema confirmó la condena y la pena pasó a ser efectiva, llevándolo a prisión.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali demostró que Chino Mori y funcionarios ediles actuaron para favorecer económicamente a un tercero. El juzgado señaló que transgredieron los principios de autoridad, imparcialidad y objetividad, vulnerando el normal funcionamiento de la administración pública.
Después de esa condena, el candidato acumuló otros procesos por cohecho, colusión, negociación incompatible y peculado, aunque todos fueron archivados.
¿Qué dice el candidato sobre sus antecedentes?
Este Diario se comunicó con Alianza para el Progreso para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, Chino Mori ha declarado a medios regionales que está rehabilitado tras cumplir condena en prisión y ha pedido perdón públicamente.
El caso refleja una contradicción en la normativa electoral peruana. La especialista en derecho electoral Silvia Guevara advierte que, según el artículo 34-A de la Constitución, una persona con sentencia condenatoria en primera instancia está impedida de postular. No obstante, el JNE contempla excepciones, como la rehabilitación, lo que ha permitido candidaturas cuestionadas.
“Eso condujo a que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en elecciones previas, permitiera la postulación de personas que estaban impedidas. Eso ocurrió con Mario Vizcarra. Hasta el día de hoy, si una persona tiene una sentencia en primera instancia, no puede ser candidata según la Constitución. Sin embargo, a nivel de la normativa electoral, se ha dado paso libre”, señaló Guevara.
La experta pidió una reforma clara que determine un catálogo de delitos que impidan postular y cuestionó que los partidos no apliquen filtros suficientes.
¿Quiénes son los otros candidatos con más sentencias?
El segundo lugar lo ocupa Ferry Torres Huamán, de Juntos por el Perú (Amazonas), con siete sentencias. Una de ellas, dictada en 2023 por colusión, le impuso seis años de prisión efectiva, cuya ejecución quedó condicionada a que la sentencia quede consentida.
Le sigue Álvaro Renato Calderón, de Fe en el Perú (Lambayeque), con cinco sentencias. Con tres cada uno, figuran Juan del Carmen Vásquez Cruzado (Frente de la Esperanza 2021, Áncash), Elmer Cáceres Llica (APP, Arequipa), Tedy Vásquez Cárdenas (Perú Moderno, Loreto), Luis Dante Zubia Cortez (Podemos Perú, Moquegua) y Miguel Ángel Quispe Palomino (Alianza Regional por el Perú, Pasco).
¿Qué argumentan los candidatos ante las sentencias?
Vásquez Cruzado aseguró que sus tres sentencias no están vinculadas a corrupción. Sobre una por usurpación, dijo que ocurrió al apoyar a un asentamiento humano y que una empresa pesquera lo denunció. “Fue un acto social, no delincuencia”, afirmó.
Respecto a otra sentencia, explicó que se originó por un proceso administrativo con un trabajador municipal que fue reincorporado por orden judicial. La tercera, dijo, se debió a un error en la calificación de su experiencia laboral: “El error fue de él y se me denunció a mí. No tiene nada que ver con corrupción”.
Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno, declaró que sus antecedentes fueron reportados al JNE y que las penas ya fueron cumplidas. “No reniego de mi pasado ni pretendo presentarme ante la población como una persona que nunca tuvo dificultades. Creo que las personas debemos ser capaces de asumir nuestros actos”, sostuvo.
Perú Moderno agregó que el Jurado Electoral Especial de Maynas evaluó una solicitud de exclusión contra su candidatura y la declaró improcedente.
¿Qué implica esto para la confianza electoral?
El panorama plantea un desafío para la transparencia del proceso electoral. Con 49 candidatos con antecedentes penales, la pregunta es si los partidos están priorizando la idoneidad sobre la conveniencia política. La ciudadanía, por su parte, deberá evaluar si estos perfiles representan la modernización y la integridad que la región necesita.
La reforma electoral parece urgente. Sin filtros claros y con excepciones que permiten postular a personas condenadas, el riesgo de repetir ciclos de corrupción sigue latente en la política regional.