Trabajadores de Revisalud reciben pagos tras intervención ministerial
El conflicto laboral en la empresa Revisalud encontró una resolución favorable este miércoles, cuando la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, logró mediar entre la empresa colombiana y sus 204 trabajadores afectados en San Miguelito.
Levantamiento parcial del secuestro permite pagos inmediatos
La intervención ministerial resultó en el levantamiento parcial del secuestro impuesto previamente por el Ministerio de Trabajo, permitiendo que la empresa efectuara el pago de la quincena adeudada el pasado 15 de enero. José Ricardo Trujillo, representante legal de Revisalud quien viajó desde Colombia, confirmó la disponibilidad de fondos para honrar todas las obligaciones pendientes.
"El representante legal de la empresa nos comunicó que tenían los fondos disponibles para honrar los pagos. El día de mañana se van a empezar a dar las liquidaciones", informó la ministra Muñoz durante la reunión.
Cronograma de liquidaciones y prestaciones
Según el acuerdo alcanzado, el proceso de liquidación iniciará este viernes 17 de enero, beneficiando a 204 trabajadores que serán compensados con más de $1 millón en prestaciones laborales. La ministra estableció que aquellos colaboradores con situaciones especiales deberán acudir el próximo lunes al Ministerio de Trabajo para ser atendidos en las salas de conciliación.
Marcos Allen, secretario general de la Federación Sindical, destacó la disposición de la empresa: "Se puso a disposición de pagar hasta el último centavo a los trabajadores. Mañana se empezará a pagar todas las prestaciones laborales, una por una".
Impacto en el servicio de recolección
Los trabajadores retomaron sus funciones este jueves, garantizando la continuidad del servicio de recolección de basura en San Miguelito durante la transición. A partir del 19 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumirá oficialmente el servicio, marcando el fin de la operación de Revisalud en el distrito.
Esta resolución representa un caso exitoso de mediación laboral que protege los derechos de los trabajadores mientras facilita una transición ordenada del servicio público, demostrando la efectividad de la intervención estatal en conflictos laborales complejos.