La campaña electoral arrancó con una intensa polémica política sobre la fiabilidad del voto por correo, un debate que ya empañó los comicios de hace tres años. En aquella ocasión, el PP cuestionó la capacidad de Correos para gestionar un volumen récord de sufragio postal en plazos ajustados, celebrados en pleno verano, aunque las sospechas se demostraron infundadas ante el correcto funcionamiento del sistema. Ahora, los populares reactivan las críticas, esta vez apuntando a la cúpula directiva de la empresa estatal y a investigaciones judiciales abiertas por presuntas irregularidades.
¿Qué medidas propone el PP para el voto por correo?
Alberto Núñez Feijóo anunció este miércoles que propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) un conjunto de “medidas adicionales” destinadas a incrementar las garantías y el control del mecanismo de votación a distancia. Desde Ceuta, donde viajó por quinta vez desde el asalto masivo, el líder del PP quiso marcar una línea divisoria dentro de la entidad pública, de la que fue presidente entre 2000 y 2003 bajo el gobierno de José María Aznar.
“Me fío de los carteros y de los funcionarios de Correos, pero no me fío de los directivos”, aseguró Feijóo.
El político gallego dirigió sus acusaciones de manera explícita hacia la cúpula directiva de Correos, señalando que la justicia mantiene investigaciones abiertas sobre ex altos cargos de la compañía. Entre ellos figuran el expresidente de la sociedad pública, Juanma Serrano, y la exresponsable de relaciones institucionales, Leire Díez, ambos investigados por su presunta vinculación con las ‘cloacas’ de Ferraz por “intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos”.
¿Por qué Ayuso y Abascal desconfían del sistema electoral?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue quien el lunes abrió la polémica al aconsejar abiertamente a los ciudadanos evitar el voto por correo, alertando sobre supuestas anomalías o una posible “adulteración” de los censos electorales derivada del recuento en el extranjero. Una tesis a la que Génova no había querido abonarse hasta ahora, pues el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, defendió el martes que España tiene un sistema “muy garantista”.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se sumó a las advertencias manifestando su desconfianza hacia la gestión del Ejecutivo y alertó del riesgo de manipulación de las papeletas, animando al electorado a participar exclusivamente de manera presencial en las urnas el 29-N.
¿Qué dice el Gobierno sobre la seguridad del voto por correo?
La reacción de las fuerzas de la izquierda y del propio Gobierno no se hizo esperar. Los socialistas calificaron la postura del PP como un ataque directo a la legitimidad del proceso democrático, acusando al primer partido de la oposición de importar estrategias de desestabilización institucional similares al “trumpismo” estadounidense o al “bolsonarismo” brasileño, consistentes en cuestionar los resultados electorales de forma preventiva.
Desde el Ejecutivo se insiste en que el sistema electoral se sitúa entre los más garantistas y seguros del mundo, haciendo hincapié en que el procedimiento pasa por múltiples filtros y una triple identificación obligatoria del votante mediante el DNI o la firma digital.
¿Qué implicaciones tiene esta polémica para la confianza democrática?
El debate sobre el voto por correo trasciende lo meramente técnico y toca el corazón de la confianza ciudadana en las instituciones. En un contexto de polarización creciente, las acusaciones preventivas sobre la integridad electoral pueden erosionar la percepción pública del proceso democrático, incluso cuando no existan pruebas concretas de fraude. Los analistas señalan que este tipo de estrategias, replicadas en otros países, suelen generar un clima de sospecha que persiste más allá de los resultados.
La pregunta clave es si las “medidas adicionales” que propone el PP serán aceptadas por la JEC y si contribuirán a disipar las dudas o, por el contrario, alimentarán una espiral de desconfianza que afecte la participación. Lo cierto es que el 29-N se presenta como una prueba de fuego para la madurez democrática del país, con un sistema electoral que, según los expertos, resiste bien el escrutinio internacional.