Ceuta: investigan a consejera de Hacienda y a diputado tránsfuga por contratos de mataderos por 2,3 millones
La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, y el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, exparlamentario del PSOE que ha respaldado al Gobierno del PP de Juan Vivas, declararán como investigados el 22 de septiembre. La causa, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio, un contrato de 2.313.131 euros otorgado a Herederos de M. Jimena S.L., empresa administrada por la esposa de Rahal.
¿Qué papel jugó Rahal en la aprobación de los presupuestos que aumentaron la partida?
Rahal abandonó el PSOE a mediados de 2024 tras romper la disciplina de voto junto a Fidda Mustafa al apoyar una iniciativa del Gobierno de la Ciudad. Ambos fueron expulsados y pasaron al grupo de no adscritos, alterando el equilibrio político de la Asamblea. Su apoyo resultó determinante para que el Ejecutivo de Juan Vivas aprobara los presupuestos de 2026.
Durante la tramitación de esas cuentas, la partida destinada a los mataderos portátiles se incrementó de 377.180 a 580.896 euros, una cifra muy próxima a la anualidad por la que finalmente se adjudicó el servicio. El voto de Rahal fue clave para sacar adelante unas cuentas que beneficiaban directamente a una empresa vinculada a su esposa.
¿Qué contratos acumula el entorno familiar del diputado con la Administración local?
Herederos de M. Jimena S.L., administrada por la esposa de Rahal, resultó adjudicataria del contrato por 578.282,75 euros anuales durante cuatro años, con posibilidad de prórroga de un año. No es el primer contrato relacionado con los mataderos que recae en su entorno: entre 2022 y 2025, el servicio fue prestado por R&B Sebta, sociedad de la que Rahal fue apoderado, por unos 375.000 euros anuales.
Además, Academia Rahal S.L., administrada por su hermano, recibió de la empresa pública Acemsa un contrato menor de 41.270 euros para reconstruir un muro de contención. Quarry Urban Developments, administrada por la nuera del socio de Rahal, acumuló cinco contratos menores entre 2024 y 2025 por 174.117 euros, incluida la adecuación de espacios en la barriada Príncipe Alfonso.
¿Por qué se descartó la oferta más barata?
La oferta más económica del procedimiento, presentada por Global Rochis Group S.L., planteaba realizar el servicio por unos 370.800 euros anuales. Sin embargo, la mesa de contratación consideró que podía encontrarse en situación de baja anormal y, tras analizar la justificación, la descartó. El contrato acabó recayendo en Herederos de M. Jimena S.L., que había presentado una oferta de 578.282,75 euros al año.
El nuevo contrato amplía de cinco a siete el número de mataderos, incorporando nuevos emplazamientos en Benzú y Hadú a los de Pozo Rayo, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, Estación del Ferrocarril y Miramar.
¿Qué argumentos presentó Abogados Cristianos en su denuncia?
La Fundación Abogados Cristianos presentó actuaciones judiciales al considerar que el procedimiento podía contener indicios de prevaricación administrativa, malversación y, inicialmente, tráfico de influencias. Uno de sus argumentos señala que la licitación se formalizó cuando permanecía pendiente un recurso cuya presentación implicaba la suspensión automática del procedimiento.
La organización también cuestionó la motivación de la adjudicación, determinados elementos económicos y posibles incumplimientos de normativa nacional y europea sobre bienestar animal. Además, solicitó medidas cautelares sobre las contrataciones previstas para los siguientes ejercicios.
¿Qué dijo Chandiramani sobre su citación?
La consejera de Hacienda ha defendido públicamente la actuación administrativa y mostró su disposición a entregar toda la documentación relativa al expediente. «Respeto a las resoluciones judiciales», afirmó Chandiramani, antes de añadir que desde la Administración se aportará «el expediente completo». Precisó además que el procedimiento «no ha tenido ningún recurso en la vía administrativa».
La esposa del diputado, administradora de Herederos de M. Jimena S.L., también tendrá que acudir al juzgado, aunque en su caso lo hará como testigo y no como investigada. La citación no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una condena, sino que ambos tendrán que comparecer para dar cuenta de su eventual participación en los hechos.
Los antiguos compañeros socialistas de Rahal llegaron a acusar al PP de «comprar voluntades» y al diputado de transfuguismo. El Gobierno de Vivas ha defendido la legalidad de los contratos y el presidente de la Ciudad negó haber sido el artífice de la configuración de la actual mayoría de diputados no adscritos.
