Pedro Sánchez blindó La Mareta: exige entregar móviles a sus visitas por miedo al espionaje marroquí
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha endurecido las medidas de seguridad en su residencia vacacional de La Mareta, en Lanzarote, hasta el punto de exigir que todos los visitantes entreguen sus teléfonos móviles antes de reunirse con él. La decisión, revelada por fuentes de seguridad a La Razón, responde a la psicosis por el espionaje con el programa Pegasus y a la escalada de tensiones con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta.
¿Por qué Sánchez exige los móviles en La Mareta?
La medida busca eliminar cualquier posibilidad de espionaje electrónico durante los encuentros que Sánchez mantenga en los próximos días en Canarias. Según fuentes consultadas, el contexto es especialmente sensible para la seguridad nacional tras la avalancha de 72.000 migrantes que colapsó Ceuta en 48 horas y el deterioro de las relaciones con Marruecos, que el Ejecutivo no quiere reconocer en público.
Se espera que Sánchez cite en La Mareta a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Exteriores, José Manuel Albares; y de Defensa, Margarita Robles, para zanjar una de las crisis políticas más graves de su mandato. La crisis migratoria ha evocado a la Marcha Verde de 1975 y ha puesto al descubierto la vulnerabilidad geopolítica de España en su frontera sur.
El fantasma de Pegasus: el espionaje que marcó la era Sánchez
El móvil de Pedro Sánchez se convirtió en una cuestión de Estado en mayo de 2022, cuando el propio Gobierno reconoció que el presidente había sido infectado con Pegasus, un programa espía israelí. Los atacantes extrajeron más de 2,6 gigabytes de información de su dispositivo sin ser detectados durante meses. Basta recibir una llamada de WhatsApp sin atender o un correo de Gmail sin abrir para que el programa se apodere del terminal.
La investigación judicial nunca identificó a los responsables, aunque la comisión del Parlamento Europeo y la Audiencia Nacional han señalado reiteradamente a Marruecos como principal sospechoso. El juez José Luis Calama investiga el caso, que también afectó a Marlaska y Robles.
¿Cómo afecta la crisis de Ceuta a la seguridad de Sánchez?
La última semana, la visita de Sánchez a Ceuta activó un dispositivo de seguridad excepcional. Seguridad Nacional reforzó la ciberseguridad con ciberpatrullaje, monitoreo de amenazas y canales seguros para el intercambio de información entre Presidencia, Interior, Defensa y Casa Real. Una prioridad fue blindar el teléfono del presidente, ante la sospecha de que Pegasus recopiló información sobre la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria de 2021, que Rabat habría usado para calibrar su presión sobre España.
El 69,3% de los españoles considera que Sánchez está siendo chantajeado por Marruecos, según un barómetro de NC Report para La Razón. La opinión pública cree que Rabat habría obtenido información del presidente y de sus ministros para forzar un diálogo sobre la cosoberanía de Ceuta y Melilla.
La geopolítica del chantaje: Marruecos, Estados Unidos e Israel
La crisis ha dejado al descubierto la gran vulnerabilidad geopolítica de España: la frontera sur. Fuentes diplomáticas lamentan que se haya convertido en un polvorín. Madrid debe hacer malabares entre Rabat y Argel, enemistados desde hace décadas. Marruecos se ha acercado a Estados Unidos e Israel, dos países con los que Sánchez mantiene tensas relaciones. Rabat también ha acelerado su desacople de la economía europea para poder chantajear a España y a la Unión sin temor a represalias.
“O el presidente Sánchez pone límites o la política de apaciguamiento que sigue con Marruecos les seguirá envalentonando”, advierten fuentes diplomáticas.
¿Qué significa esta medida para la transparencia y la seguridad?
La retirada de los teléfonos móviles a los visitantes de La Mareta no es solo una precaución tecnológica. El escándalo de Pegasus, que se cobró la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, demostró que ni siquiera el jefe del Ejecutivo es inmune a una operación de inteligencia altamente sofisticada. La medida refleja una obsesión por la seguridad digital que condiciona hoy buena parte de las decisiones en Moncloa.
Para los liberales y defensores de la transparencia, esta decisión plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y rendición de cuentas. ¿Debe un presidente aislarse de sus asesores y del escrutinio público por miedo al espionaje? ¿O es una respuesta necesaria ante una amenaza real? Lo cierto es que la crisis migratoria y el espionaje han convertido la protección de Sánchez en un asunto de Estado que trasciende lo personal.