Gobierno español retrasa implementación de normativa que afecta a extranjeros trans
El grupo parlamentario Sumar ha presentado una pregunta formal al Gobierno español exigiendo el cumplimiento de la Ley Trans, que desde hace dos años permanece sin reglamentación para personas extranjeras que buscan modificar su identidad legal.
Impacto económico y social del retraso normativo
La falta de desarrollo reglamentario está generando inseguridad jurídica y situaciones discriminatorias que afectan la integración laboral y social de esta población, según denuncia Sumar en el documento registrado por las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada.
El retraso impacta particularmente a solicitantes de asilo y refugiados que no pueden modificar sus documentos en países de origen, creando barreras adicionales para su incorporación al mercado laboral y servicios básicos.
Casos documentados y testimonios
Entre los casos destacados está Dina El Omary, refugiada marroquí reconocida por el Ministerio del Interior precisamente por persecución relacionada con su identidad de género. "El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente", declaró a medios especializados.
Organizaciones como la Plataforma Trans y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han documentado la disparidad en la aplicación de criterios, donde el acceso al cambio registral depende frecuentemente de la interpretación individual de funcionarios.
Responsabilidad institucional difusa
La pregunta parlamentaria busca clarificar qué ministerio debe liderar la implementación, ya que Interior, Igualdad, Justicia, Exteriores y Política Territorial se derivan mutuamente la responsabilidad cuando son consultados sobre el tema.
El Defensor del Pueblo ya ha reclamado formalmente al Ministerio del Interior que active el reglamento correspondiente, tras recibir múltiples quejas de organizaciones especializadas.
La normativa, vigente desde marzo de 2023, establecía un plazo de un año para habilitar los procedimientos necesarios, término que venció sin cumplimiento por parte del Ejecutivo.