Errores en la PAU de Galicia comprometen a 2.916 alumnos
La segunda convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia ha comenzado con 2.916 alumnos matriculados, pero la sombra de los graves errores de junio sigue pesando sobre el sistema. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) asegura que el proceso cuenta con las máximas garantías, sin embargo, la admisión de que una sola persona elabora y revisa cada examen sin supervisión independiente ha expuesto una alarmante falta de transparencia. Este fallo operativo ha desatado un choque institucional con la Xunta, evidenciando la urgencia de modernizar los controles administrativos para proteger la meritocracia y la confianza en la formación del capital humano.
¿Cuántos alumnos se enfrentan a la PAU extraordinaria en Galicia?
Las pruebas extraordinarias se extienden hasta este jueves en 15 sedes distribuidas por toda la comunidad autónoma. La bolsa de matriculados se mantiene estable respecto al año pasado, cuando se presentaron 2.908 estudiantes. De estos, una parte busca simplemente aprobar la fase general obligatoria, mientras que otro grupo considerable asiste únicamente a materias voluntarias para subir nota y competir por grados con notas de corte elevadas.
Vigo concentra la mayor carga logística con 711 alumnos repartidos en tres sedes: la Facultade de Filoloxía e Tradución, el Edificio de Ciencias Experimentais y la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. A Coruña le sigue con 555 estudiantes en la ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos y la Escola Universitaria de Arquitectura Técnica. Santiago suma 528 alumnos entre las facultades de Dereito y Ciencias Económicas e Empresariais.
El resto de la comunidad distribuye los efectivos de la siguiente manera:
- Pontevedra: 352 alumnos en la Escola de Enxeñaría Forestal.
- Ourense: 275 en la Facultade de Dereito.
- Lugo: 231 en Administración e Dirección de Empresas.
- Ferrol: 172 en la Escola Politécnica de Enxeñaría.
- Viveiro: 39, A Rúa: 37, y Cee: 16 matriculados.
La sede del Colexio Santiago Apóstol-ONCE de Pontevedra figura en el cuadro oficial sin alumnado matriculado. Los datos oficiales corresponden a matrícula, por lo que el número definitivo de presentados dependerá de la asistencia final.
¿Qué errores provocaron la crisis institucional en la selectividad?
La polémica estalló durante la convocatoria ordinaria de junio a causa de fallos graves en las pruebas de Dibujo Técnico II e Historia de España. En Dibujo Técnico, los errores en los enunciados obligaron a introducir aclaraciones a mitad del examen y a conceder tiempo extra a los afectados. En Historia, las quejas se centraron en una pregunta sobre socialismo y anarquismo que, según docentes y estudiantes, ignoraba por completo las orientaciones previas facilitadas para preparar la materia.
La CIUG descartó repetir los exámenes y anunció criterios extraordinarios de corrección para mitigar el daño.
La CIUG comunicó que todo está preparado para que las pruebas se desarrollen con normalidad, equidad y con las máximas garantías.Sin embargo, las palabras de tranquilidad chocan con la realidad de los hechos.
Transparencia y modernización: el choque entre la CIUG y la Xunta
La gestión de la crisis ha revelado deficiencias inaceptables en la arquitectura institucional de la PAU. Tras las protestas, el presidente de la CIUG, Iván Area, admitió que cada prueba era elaborada y revisada por una única persona, el responsable del grupo de trabajo correspondiente. La comisión justificó este modelo opaco argumentando que buscaba preservar la confidencialidad de los enunciados, un argumento que difícilmente sostiene la necesidad de filtros independientes.
Este modelo de revisión única representa un riesgo evidente para la calidad y la objetividad del sistema. De hecho, la propia CIUG reconoció sus limitaciones al asegurar que en 2024 ya había planteado a la Xunta modificar la normativa para incluir a dos personas en el proceso.
El Gobierno gallego se desmarcó de los fallos con contundencia, recordando que la Consellería de Educación no elabora, diseña ni corrige los exámenes. La Xunta ha puesto sobre la mesa una reforma necesaria para modernizar el proceso y reforzar las garantías. Las medidas propuestas incluyen la doble revisión de cada examen, con una persona redactora y otra revisora, y una reorganización de los órganos de coordinación. El Ejecutivo autonómico ha precisado que su intención de modificar la normativa no es reactiva, ya que el 15 de mayo, antes de la polémica, había abierto una consulta pública previa para actualizar la regulación de la PAU en Galicia.
¿Cuáles son las cifras de aprobados en la PAU ordinaria y extraordinaria?
El contexto numérico de esta convocatoria extraordinaria llega tras una primera prueba masiva y con altos resultados académicos. La PAU ordinaria de este año reunió a 13.441 estudiantes en Galicia, 495 más que en 2025, distribuidos en 36 sedes. En la fase general se presentaron 11.534 alumnos y aprobaron 11.102, lo que dejó un porcentaje de aptos del 96,25%.
En contraste, la convocatoria extraordinaria de julio de 2025 registró datos más ajustados. De los 2.908 estudiantes que se presentaron, 1.952 realizaron la fase general obligatoria y 1.384 aprobaron, lo que supuso aproximadamente un 71% de aptos. El resto de los matriculados acudió solo a materias voluntarias para mejorar sus calificaciones.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de la PAU en Galicia
¿Quién elabora y revisa actualmente los exámenes de la PAU en Galicia?
Actualmente, cada examen es elaborado y revisado por una única persona, el responsable del grupo de trabajo correspondiente, sin ninguna supervisión independiente previa. La CIUG ha reconocido las limitaciones de este modelo y ha propuesto actualizar la normativa para exigir una doble revisión.
¿Qué medidas propone la Xunta para evitar nuevos errores en la selectividad?
La Xunta propone una reforma del proceso que incluye la doble revisión de cada examen, asegurando que intervengan tanto una persona redactora como una revisora. Además, plantea una reorganización de los órganos de coordinación para aumentar la transparencia y las garantías del sistema.