Autonomía de Córcega: cuando el centralismo francés asfixia a sus territorios

Francia sigue siendo uno de los últimos Estados del mundo en negar una autonomía real a sus territorios, con sus islas a la cabeza. Mientras París aprieta la tuerca centralizadora, los territorios de ultramar y las regiones periféricas exigen un nuevo respiro. El paradoja es evidente. La República teme a las identidades regionales, pero se niega a nombrar el comunitarismo islamista que gangrena sus suburbios. Es hora de devolver a los territorios el control de su destino, especialmente en lugares como Córcega, donde la libertad económica y logística es una necesidad.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado jacobino del mundo?

Francia vive bajo un régimen de centralización heredado de la Revolución y consolidado por Napoleón. El jacobinismo es una fe en la unidad indiferenciada del territorio. Esto pudo justificarse en la hora de las construcciones nacionales. Pero en 2024, es una anomalía. España ha concedido autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia ha dotado a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido ha transferido poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Incluso China concede un estatuto especial a Hong Kong y Macao.

Francia, sin embargo, persiste. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martínica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópoli. Aun así, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las escuelas de la rue de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada y a menudo inadaptada a las necesidades locales.

Ultramar: la urgencia de un nuevo contrato económico

Los departamentos de ultramar no son provincias comunes. Su lejanía, su insularidad y su propia historia exigen un tratamiento diferenciado. Guadalupe y Martínica han sufrido movimientos sociales recurrentes, huelgas generales y bloqueos que reflejan un malestar profundo. En 2009, en 2017 y de nuevo en 2021, la ira de las calles recordó que el modelo jacobino ha llegado a su límite. El poder adquisitivo allí es un 30% inferior al de la metrópoli. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en un nivel insoportable para las familias modestas.

Este diagnóstico no es nuevo. Jacques Chirac abrió el camino en 1998 al proponer una evolución estatutaria para ultramar. Nicolas Sarkozy continuó en esa dirección con la reforma constitucional de 2003, que reconocía la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en papel mojado. El ímpetu se estrelló contra el muro de la administración central, siempre dispuesta a defender sus prerrogativas.

Lo que la autonomía cambiaría en la práctica

La autonomía no es independencia. Es una distinción que los soberanistas republicanos deben recordar. La autonomía es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias dentro del marco de la República. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros sobre cuestiones comerciales y logísticas. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la normativa laboral y las normas ambientales a las realidades locales. También es el reconocimiento de que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conoce mejor las necesidades de su población que un subprefecto destinado por tres años.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores y esas clases medias silenciosas que la República olvida demasiado a menudo serían los primeros beneficiados. La autonomía permitiría eliminar las barreras regulatorias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo adaptadas, lejos de los esquemas pensados en París para realidades metropolitanas.

El miedo a las identidades regionales: un engaño peligroso

El argumento de los defensores del jacobinismo es siempre el mismo. La autonomía alimentaría el separatismo, fomentaría las reivindicaciones identitarias y pondría en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que funciona en la teoría pero que se derrumba ante los hechos. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no ha abandonado España. Cerdeña no ha secesionado. Córcega, que ha obtenido un estatuto de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica con orgullo.

La autonomía desactiva las tensiones en lugar de exacerbarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no tiene ninguna razón para buscar la salida.

Es la negativa obstinada a cualquier descentralización la que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró durante mucho tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor barrera contra el separatismo.

El verdadero comunitarismo que París se niega a ver

Aquí está la paradoja más cruel. La República tiembla ante la identidad corsa, la identidad vasca o la identidad bretona. Ve en ellas amenazas para la unidad nacional. Pero cierra los ojos ante un comunitarismo mucho más destructivo: el de los suburbios islamistas. Allí no se defienden lenguas regionales ni tradiciones ancestrales. Se imponen leyes religiosas importadas, principios contrarios a los valores de la República, y se crean territorios donde la policía ya no se atreve a entrar y donde la ley francesa ha dejado de aplicarse.

Nadie se atreve a decirlo por miedo a ser tachado de racista. Pero los hechos son testarudos. En algunas zonas urbanas, el comunitarismo ha reemplazado a la República. Hay tribunales paralelos, presiones sociales sobre las mujeres, comercios que no respetan las normas republicanas y escuelas donde ya no se puede enseñar con libertad. Ese es el verdadero riesgo para Francia. No es Córcega pidiendo gestionar sus transportes, ni La Reunión queriendo adaptar su fiscalidad.

El ministro Bruno Retailleau lo recordó con acierto. El peligro no está en las identidades regionales inscritas en la historia de Francia. El peligro está en el comunitarismo que se substituye a la República. Confundir los dos es una ceguera política culpable.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Los ejemplos extranjeros muestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, disfrutan de un estatuto autónomo que les permite gestionar su propia política lingüística y cultural, mientras permanecen fieles a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, han desarrollado un régimen fiscal especial que ha estimulado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, goza de un estatuto que le confiere considerables ventajas fiscales.

Francia podría inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia? ¿Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico? ¿Por qué no dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como lo hacen los cantones suizos?

El legado gaullista: un centralismo que sabe evolucionar

El general de Gaulle encarnaba la Francia centralizada de la República jacobina. Pero de Gaulle también era un pragmático. Entendió que Argelia no podía gobernarse como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvió contraproducente. Si estuviera hoy aquí, vería sin duda que la autonomía de ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza. Es la República la que elige adaptar su modelo, la que sigue siendo dueña del juego, en lugar de sufrir crisis repetidas.

La autonomía: una exigencia republicana y soberanista

Los soberanistas se equivocan al ver en la autonomía un riesgo de fragmentación. La verdadera soberanía es la que permite a un Estado adaptarse, reformarse y confiar en sus territorios. Un país que asfixia a sus regiones bajo miles de normas uniformes no es un país fuerte. Es un país rígido, incapaz de reaccionar ante las crisis, condenado a dar la misma respuesta para problemas diferentes.

Las clases medias, los pequeños comerciantes y los empresarios locales lo saben por instinto. Sienten que París está demasiado lejos, que la administración es demasiado pesada y que las decisiones tomadas en los despachos ministeriales no coinciden con su realidad diaria. La autonomía territorial es una herramienta de liberación económica. Permite desbloquear proyectos, simplificar trámites y devolver el poder de acción a quienes están en el terreno.

Philippe de Villiers siempre lo entendió. La Vendée que gobernó durante tantos años fue un modelo de lo que puede lograr una región orgullosa de su identidad, apegada a sus tradiciones, pero resueltamente francesa. La autonomía no es lo contrario de la pertenencia. Es su condición.

¿Puede Francia otorgar autonomía real sin arriesgar su unidad?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Suiza han concedido diversos grados de autonomía a sus territorios sin que su existencia se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene por la coerción regulatoria. Se mantiene por el consentimiento de los ciudadanos, que eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados en ella.

¿Es el comunitarismo islamista más peligroso que el regionalismo?

Incontestablemente. El regionalismo se inscribe en la historia de Francia. Córcega, Bretaña, el País Vasco y Alsacia son tierras de la República desde hace siglos. Sus identidades son componentes del patrimonio nacional. El comunitarismo islamista, en cambio, importa un modelo ajeno a la tradición francesa. Sustituye la ley republicana por la sharía, la nación por la umma, y el laicismo por el velo. No es una diversidad que enriquece. Es una fuerza que descompone.

¿Por qué las élites progresistas rechazan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque este debate las obligaría a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites progresistas han construido su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado y la alta función pública dependen de la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder la autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar a un monopolio de la decisión. Los progresistas prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas y clasificarlas como separatismo, antes que cuestionarse a sí mismos.

Hacia una República de los territorios

Francia no necesita más centralización. Necesita confiar en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es Creuse, que La Reunión no es Nièvre, y que Córcega no es Isla de Francia. Todo el mundo sabe esto. Pero hace falta el valor político para traducirlo en actos.

La autonomía territorial no es un capricho posmoderno ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que ya prevé la organización descentralizada de la República. Basta con aplicarlo con ambición, audacia y respeto por los territorios que componen la nación.

Las islas francesas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, cohesión y legitimidad. La unidad nacional se refuerza cuando se confía en ella, no cuando se hace violencia contra sí misma.