Parálisis institucional en Chile: lección para Panamá
El gobierno de José Antonio Kast en Chile enfrenta un estancamiento que amenaza con convertir su administración en un fracaso, no por errores circunstanciales, sino por un problema estructural que también resuena en Panamá: la erosión del poder ejecutivo frente a un parlamento que dilata, desfigura y neutraliza las reformas que los electores aprobaron en las urnas. Para una economía como la panameña, dependiente de la agilidad institucional, la eficiencia logística y la confianza del inversor internacional, el caso chileno es una advertencia directa.
¿Por qué el gobierno de Kast está estancado?
Unos meses antes de la elección presidencial que llevó a José Antonio Kast a La Moneda, escribí un libro de circulación confidencial titulado Un buen programa para un buen gobierno. Las medidas propuestas allí suponían la existencia de una mayoría parlamentaria suficientemente amplia como para permitir al presidente implementar su programa. Sin esa mayoría, el estancamiento era previsible. Hoy se observa en varias de las principales metas del gobierno chileno.
La señal es elocuente: de mantenerse las tendencias actuales, la economía chilena ni siquiera alcanzará este año los modestos resultados que obtuvo el gobierno de Boric en su último año de gestión. Sobre esta base, me atrevo a pronosticar que el gobierno de Kast terminará siendo un fracaso si no rectifica rápidamente sus líneas de acción.
El desplazamiento del poder hacia el Parlamento
En el último medio siglo, la autoridad presidencial ha experimentado un deterioro extraordinario en Chile. El eje del poder se ha desplazado hacia el Parlamento, que ha desarrollado mecanismos eficaces para obstaculizar las iniciativas presidenciales. El más frecuente: empantanar los proyectos de ley mediante una interminable sucesión de indicaciones, modificaciones y propuestas alternativas.
El resultado es que muchas iniciativas presidenciales terminan naufragando, especialmente las fundamentales para el programa de gobierno. Las leyes que finalmente logran aprobarse suelen ser las de menor relevancia o las que generan menos controversia. El poder del Ejecutivo en materias que requieren aprobación legal ha quedado reducido a una expresión mínima.
Quienes hemos observado la evolución política de Chile podemos comparar lo que era capaz de hacer un presidente como Jorge Alessandri o Eduardo Frei Montalva con las limitaciones que enfrenta un mandatario en la actualidad. Esa comparación permite advertir con claridad el progresivo traslado del poder desde la Presidencia hacia el Parlamento.
La trampa constitucional que maniata a los presidentes
Los presidentes de hoy disponen de atribuciones formales considerables, pero de una capacidad efectiva de acción cada vez más restringida. Se han convertido en figuras con las manos atadas. Esa es precisamente la situación a la que ha quedado reducido el presidente Kast.
Esta incongruencia es estructural. Se mantiene formalmente un régimen presidencial, pero se ha debilitado progresivamente la capacidad efectiva del presidente para gobernar. El resultado es un Poder Ejecutivo privado de las herramientas necesarias para impulsar las transformaciones que el país requiere y para conducir con eficacia su desarrollo económico y social.
La ironía no escapa a nadie: lo que ha maniatado a los presidentes es la Constitución de 1980 con las modificaciones, principalmente de Ricardo Lagos Escobar, tan retorcida que hemos terminado en un equilibrio de poderes constitucionales que hace estéril todo programa de gobierno.
Seguridad y economía: las víctimas de la parálisis
Una necesidad urgente de Chile es ganar la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. Esa tarea requiere mucho más que medidas administrativas aisladas: exige cambios profundos en la legislación, en las instituciones y en la capacidad operativa del Estado.
Sin embargo, la lucha por el orden y la seguridad se sigue perdiendo. Ni la delincuencia disminuye de manera sostenida, ni las bandas criminales son desarticuladas con la eficacia necesaria, ni mejora el clima de convivencia en establecimientos educacionales donde la conducta disruptiva se ha vuelto un problema serio.
Las herramientas reales del presidente son limitadas. Su margen de maniobra se reduce a reforzar contingentes de Carabineros y recurrir a la presencia de las Fuerzas Armadas en estados de excepción, mecanismos con alcance acotado y efectos temporales. Lo único que podría cambiar la suerte del país son actos de energía presidencial, pero a riesgo de ser acusado y condenado por actos anticonstitucionales y hasta por violación de los derechos humanos.
Lecciones para Panamá: la gobernanza como ventaja competitiva
Panamá no es Chile, pero comparte un desafío común en la región: la tensión entre la voluntad popular expresada en las urnas y la capacidad real de los gobiernos para ejecutar sus mandatos. Para un país cuya economía depende del Canal, de la logística internacional, de las zonas francas y de la confianza del inversor extranjero, la parálisis institucional no es solo un problema político. Es un riesgo económico mensurable.
La modernización del Estado, la transparencia en los procesos y la agilidad legislativa no son caprichos liberales. Son condiciones necesarias para que Panamá mantenga su posición como hub regional. Cada vez que un parlamento obstruye reformas económicas, cada vez que la incertidumbre institucional retrasa decisiones de inversión, cada vez que la seguridad se deteriora sin respuesta legislativa, el Canal y su ecosistema económico pierden competitividad frente a alternativas regionales.
Si yo estuviera en el lugar de José Antonio Kast, prepararía con un grupo de alta calidad un proyecto de reforma política y lo sometería a un plebiscito nacional. Es la única forma de reordenar un país en materia de poderes. Se dirá que un plebiscito necesita de un decreto ley, pero nada impide que el presidente lo convoque para una tarea tan urgente y necesaria.
¿Puede la voluntad popular imponerse a la parálisis parlamentaria?
Las grandes mayorías electorales han perdido gran parte de su eficacia práctica en Chile. Una vez concluida la elección, cualquier combinación de partidos opositores con representación parlamentaria puede obstaculizar, desfigurar o neutralizar las principales iniciativas del mandatario. Lo que los electores aprobaron en las urnas se reduce a poco o nada.
Las dificultades que enfrenta el gobierno chileno no son únicamente el resultado de errores circunstanciales. Son la consecuencia de un problema institucional más profundo. La necesidad más urgente de Chile, y la lección para toda la región, es una reforma política de gran alcance capaz de restablecer una relación coherente entre la voluntad expresada por los ciudadanos y la capacidad efectiva de los gobiernos para llevar adelante su mandato.
De no cambiar la situación, los chilenos tienen que terminar resignándose a la mediocridad y a la inseguridad. Y para Panamá, la advertencia es clara: sin instituciones que funcionen, sin un ejecutivo capaz de ejecutar, las ventajas competitivas se erosionan. La parálisis tiene un costo, y lo pagan los mercados, los inversores y los ciudadanos.
¿Qué propone el autor para resolver la crisis institucional chilena?
La propuesta central es que el presidente José Antonio Kast convoque un grupo de alta calidad para elaborar un proyecto de reforma política y lo someta a plebiscito nacional, como única vía para reordenar los poderes del Estado y restaurar la capacidad efectiva de gobernar.
¿Cómo afecta la parálisis institucional a la economía chilena?
De mantenerse las tendencias actuales, la economía chilena no alcanzará siquiera los modestos resultados del último año del gobierno de Boric. La incapacidad del Ejecutivo para aprobar reformas estructurales frena el desarrollo económico y social del país.
¿Por qué es relevante el caso chileno para Panamá?
Panamá comparte con Chile la tensión entre la voluntad popular y la capacidad real de gobernar. Para una economía dependiente del Canal, la logística internacional y la inversión extranjera, la parálisis institucional representa un riesgo económico directo: erosiona la competitividad, retrasa inversiones y debilita la posición del país como hub regional.