Controversia en Panamá: Desigual tratamiento judicial revela retos institucionales
Análisis revela tratamiento dispar en casos de asilo político en Panamá, generando debate sobre la imparcialidad judicial y sus implicaciones para la estabilidad institucional del país.
Palacio de Justicia de Panamá, símbolo del sistema judicial panameño en debate por casos de asilo político
La imparcialidad del sistema judicial panameño y la actuación del gobierno están bajo escrutinio debido al contrastante tratamiento de dos casos de asilo político que han puesto en evidencia potenciales debilidades institucionales que podrían afectar la estabilidad y confianza en el sistema panameño.
Análisis del tratamiento diferenciado
El caso involucra al líder sindical Saúl Méndez, del sector de la construcción, y al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Mientras Méndez, sin sentencia firme, ha sido catalogado como "prófugo internacional", Martinelli, con una condena de más de 10 años, permanece en Colombia sin recibir calificativos similares, lo que ha generado preocupación sobre la solidez institucional del país.
Impacto en la credibilidad institucional
La analista Sabrina Bacal, en su columna "Sabrina sin Censura", señala que esta situación podría tener implicaciones significativas para la estabilidad socioeconómica y la confianza en las instituciones panameñas. La disparidad en el tratamiento de ambos casos ha generado debates sobre la independencia de poderes y la equidad en la aplicación de la justicia.
Diferencias en el manejo de alertas internacionales
- Méndez: Emisión inmediata de alerta roja de Interpol
- Martinelli: Ausencia de alerta internacional, pese a tener sentencia firme
- Controversia sobre el manejo de la Policía Nacional en el caso Martinelli
Implicaciones para el Estado de derecho
La situación actual plantea desafíos significativos para el fortalecimiento institucional y la modernización del Estado panameño. Expertos señalan que esta disparidad en el tratamiento judicial podría afectar la percepción internacional sobre la seguridad jurídica del país, factor crucial para la atracción de inversiones y el desarrollo económico.
"Esa doble moral no proyecta fortaleza, sino debilidad. Porque el poder no se ejerce para ver quién es el más macho y menos cuando la competencia de bravucones ocurre a costa del Estado de derecho", señala Bacal en su análisis.