Morelos: Investigan a funcionaria por exigir 'moche' a víctimas
La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penelope Picazo Hernández, enfrenta dos investigaciones abiertas por presuntamente solicitar a víctimas del delito entregar en efectivo el 30% de los recursos obtenidos como reparación del daño. El esquema, diseñado para evitar dejar rastros financieros, pone en evidencia las fallas de control y transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a población vulnerable.
Dos frentes de investigación activos
Las indagatorias corren por cuenta de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso estatal y, de manera paralela, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene carpetas abiertas. La información fue dada a conocer por El Universal con base en declaraciones de autoridades encargadas de las investigaciones.
De acuerdo con los señalamientos oficiales, entre ocho y nueve víctimas habrían denunciado que, después de cobrar cheques relacionados con reparación del daño, se les pedía entregar una parte del dinero en efectivo.
Un patrón sin huella financiera
El auditor superior José Blas Cuevas Díaz explicó que las investigaciones buscan determinar si existió un esquema irregular para solicitar dinero a víctimas que recibieron apoyos económicos por reparación. Según detalló, las denuncias apuntan a un mismo patrón: la exigencia de pagos en efectivo para dificultar cualquier rastreo contable.
Por eso es tan difícil la investigación, porque las víctimas señalan que han sido pagos en efectivo.
El titular de la ESAF reconoció que una de las mayores dificultades del caso es precisamente la falta de rastros financieros directos. Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa enfocada en revisión patrimonial y financiera, que incluye análisis patrimoniales de funcionarios con acceso a recursos económicos relacionados con atención a víctimas.
Las autoridades buscan establecer
- Si existió un esquema sistemático de extorsión
- El monto total de los recursos desviados
- Posibles responsabilidades administrativas y penales
- La existencia de más víctimas no denunciantes
Suspensión provisional y carpetas adicionales
Mientras avanzan las investigaciones, Eva Penelope Picazo Hernández obtuvo una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito. La medida judicial la protege temporalmente contra acciones administrativas en su contra, pero no implica el cierre de las investigaciones ni determina inocencia o culpabilidad.
Además de las auditorías administrativas, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene por lo menos siete carpetas de investigación relacionadas con presunto incumplimiento en la atención a víctimas. El fiscal especializado, Leonel Díaz Rogel, señaló que las denuncias provienen directamente de víctimas del delito y están relacionadas con negligencia y omisión en la entrega de recursos.
Las víctimas requieren de mucha atención.
Un fracaso institucional con costo humano
La CEARV tiene como función principal brindar acompañamiento y apoyo a personas afectadas por delitos o violaciones a derechos humanos. Entre sus responsabilidades están la gestión de fondos de reparación, el acompañamiento jurídico y psicológico, y la coordinación con autoridades para garantizar el acceso a la justicia.
El caso ha generado atención pública porque las denuncias involucran directamente recursos destinados a personas afectadas por delitos. La exigencia de pagos en efectivo no solo viola principios elementales de transparencia, sino que agrava la vulnerabilidad de quienes ya han sufrido el impacto del delito.
Hasta el momento, la funcionaria no ha sido separada de su cargo y las autoridades trabajan en reunir pruebas documentales y financieras que permitan determinar responsabilidades. La ausencia de trazabilidad en los pagos refleja la necesidad urgente de modernizar los mecanismos de control y digitalización en la gestión de recursos públicos, especialmente cuando los beneficiarios son personas en situación de vulnerabilidad.