Galicia: accidente laboral revela fallas en prevención de riesgos
La Inspección de Trabajo de Galicia ha abierto un procedimiento para esclarecer las responsabilidades en torno a un accidente grave sufrido por un agente medioambiental en la Illa de Ons, perteneciente al municipio de Bueu, en la provincia de Pontevedra. El documento remitido a la Xunta concluye que el trabajador no contaba con la formación ni la información necesaria en prevención de riesgos laborales para las tareas que realizaba.
El requerimiento, enviado a principios de junio de 2026, otorga un plazo de 15 días a la Xunta para presentar alegaciones. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han anticipado que presentarán recursos, argumentando que los agentes medioambientales reciben formación continua y periódica en la materia.
Los hechos: una caída en los acantilados de Ons
El accidente se produjo el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 20:00 horas, cuando el trabajador realizaba labores de vigilancia en los acantilados de la Illa de Ons. Según el relato de la Inspección, el agente se dirigía al islote de As Freitosas para supervisar nidos de gaviotas. El paso al islote es posible cuando baja la marea, prevista ese día a las 20:30 horas.
El acantilado frente al islote tiene una altura aproximada de 4 metros y una pendiente del 45%. El trabajador accedió al mismo y descendió por la roca. En un momento dado, una de las piedras en las que se agarraba con las manos se desprendió, provocando su caída al fondo del acantilado. Varias rocas se desprendieron golpeándolo en el costado izquierdo.
Su compañero acudió a prestarle auxilio y activó el protocolo de rescate. El trabajador fue evacuado en helicóptero al hospital de Vigo.
Falta de formación específica y procedimientos de trabajo
La Inspección de Trabajo pone el foco en la administración gallega e incide en que no se aporta acreditación de formación en prevención de riesgos laborales específica para el puesto de agente medioambiental en la isla, ni se acredita la entrega de información al trabajador sobre los riesgos del puesto.
Sí se aporta documentación sobre cursos relacionados con su puesto anterior relativo a la extinción de incendios, así como otros cursos formativos generales. Sin embargo, la Inspección concluye que el trabajador estaba realizando sus tareas sin un procedimiento de trabajo establecido y sin ser formado ni informado de los riesgos que podía ocasionar esa tarea, lo que le impedía adoptar las correspondientes medidas preventivas.
Evaluación de riesgos desactualizada
El sindicato CSIF ha señalado que la resolución de la Inspección avala las denuncias formuladas durante los últimos meses. La central sindical venía advirtiendo sobre reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la falta de transparencia en la gestión de la siniestralidad laboral y las dificultades para acceder a documentación técnica relacionada con la investigación de accidentes.
CSIF subraya que la Inspección constató que la evaluación de riesgos utilizada correspondía a un escenario anterior y no contemplaba las circunstancias reales en las que se produjo el accidente grave.
Los delegados de prevención no estamos para proteger a la Administración, sino para proteger a los trabajadores.
Desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato se lamenta que, en vez de analizar con rigor qué había fallado en la organización preventiva y adoptar medidas correctoras, la respuesta consistió en cuestionar la labor fiscalizadora de CSIF e intentar trasladar la responsabilidad del accidente al propio trabajador.
La Xunta anuncia alegaciones
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han aclarado que no hay ningún tipo de sanción impuesta contra el departamento. Apuntan que lo que hace la Inspección es iniciar un procedimiento para averiguar lo ocurrido y abrir un plazo para que la Consellería presente las alegaciones que considere oportunas.
La Xunta prevé trasladar varias consideraciones. En primer lugar, que se hizo entrega al trabajador de la documentación referida a las medidas de prevención de riesgos laborales en 2021, cuando se incorporó a su plantilla como agente medioambiental. Asimismo, sostendrá que la evaluación de riesgos laborales no incorpora ningún aspecto específico diferente de la general en el caso del personal que desarrolla su labor en Ons, y que los agentes medioambientales reciben formación continua y periódica en la materia.
Lecciones para la gestión institucional
Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con evaluaciones de riesgos actualizadas y procedimientos de trabajo establecidos para cada puesto, especialmente en entornos de alto riesgo como los acantilados insulares. La discrepancia entre la formación general aportada por la administración y la formación específica exigida por la Inspección subraya la necesidad de que las instituciones adapten sus protocolos de seguridad a las condiciones reales del terreno.
La transparencia en la gestión de la siniestralidad laboral y el acceso a la documentación preventiva resultan fundamentales para identificar fallos, implementar correctivos y, en última instancia, proteger a los trabajadores. Casos como este sirven como recordatorio para las administraciones públicas de la región sobre la relevancia de modernizar sus sistemas de prevención y garantizar que la formación se ajuste a las exigencias reales de cada puesto de trabajo.